Esta semana, el Juzgado de Garantía de La Calera acogió una denuncia interpuesta por el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno Meneses, quien fue objeto de graves amenazas mientras ejercía su labor como máxima autoridad comunal. En la audiencia de formalización, se decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima con fines de acometimiento, resguardando así su integridad durante el proceso investigativo.
Respecto a esta medida judicial el alcalde de La Calera señaló “se llevó a cabo la formalización de un vecino de la comuna de La Calera que en reiteradas ocasiones amenaza a los funcionarios, funcionarias y a mi calidad de alcalde de la comuna. Creo que hoy la justicia hizo el trabajo que era esperado por bastante tiempo, para poder resguardar la integridad de mi parte como del equipo municipal. Es una persona que está acostumbrada a generar alteraciones comunitarias, tiene varias demandas en curso que están en la fiscalía y que hoy por fin tiene medidas cautelares para no acercarse a las dependencias municipales y tampoco a mi domicilio particular”.
La primera autoridad comunal agregó “este tipo de situaciones incomodan, generan mucho temor a la familia porque uno lo que busca es levantar la ciudad, responder a las necesidades de cada uno de los barrios, pero con este tipo de personas se complejiza y se hace más difícil poder avanzar en el logro de los objetivos comunales. Esperemos que estos 90 días que dura la investigación se puedan recopilar todos los antecedentes y de esta manera el juzgado emitir alguna sanción y que dé aprendizajes a muchas personas que diariamente me están amedrentando y me están escribiendo tonteras en las redes sociales con perfiles falsos y lo único que hacen es empañar la honorabilidad y el trabajo que estamos haciendo con todo el corazón para la comuna de La Calera”.
El imputado, identificado con las iniciales S.C.R., no es ajeno al actuar de la justicia. Ya enfrenta otras causas judiciales por daños al patrimonio municipal, hechos que actualmente se encuentran bajo investigación en causa seguida ante el mismo tribunal.
La resolución representa un avance concreto en la protección de las autoridades y funcionarios municipales frente a amenazas y actos de amedrentamiento. Hoy, al menos, hay una señal clara: no se tolerarán ataques contra quienes trabajan por el bienestar de la ciudad.
La justicia está actuando y las garantías del proceso, así como la seguridad del denunciante, están siendo resguardadas.